Los senadores analizan uno de los aspectos más polémicos del proyecto que modifica la ley de concesiones, para zanjar eventuales conflictos Estado-privados.

	ACUERDO. Letelier y García plantean que los árbitros deben fallar apegados a derecho.

Por sus atribuciones resolutivas, la Sala del Senado será la que apruebe el proceso de resolución de controversias que a nivel de comisiones se estudia, para zanjar los conflictos que se susciten en concesiones de obras públicas, entre el Estado y los privados, o entre los contratistas y los subcontratistas, con motivo de la aplicación, interpretación o ejecución de los contratos celebrados entre ellos con ocasión de la ejecución de una la obra.
Este es uno de los puntos que ha generado mayor discusión en torno al proyecto que modifica la ley de concesiones, desde que la comisión de Obras Públicas de la Cámara Alta, junto al entonces ministro del ramo, Eduardo Bitran, acordaron modificar el sistema actual, en que el llamado arbitraje de equidad que resuelve, de acuerdo a lo que se estima más justo caso a caso, es reemplazado por uno conforme a “derecho”, es decir, apegándose estrictamente a lo que señalen la ley, en éste, según las bases de licitación. Todo lo cual pasó a ser analizado por la comisión de Hacienda del Senado y con el nuevo ministro, Sergio Bitar.

Objeciones

Desde el sector privado han surgido críticas, pues se sostiene que esto no sólo rigidizará el sistema, sino que puede encarecerlo, ya que las empresas tendrían que tomar mayores resguardos para cubrir eventuales imprevistos que surjan durante la construcción de las obras, no contemplados en los contratos elaborados por el Estado. Como consecuencia de lo anterior, se señala que puede aumentar la concentración económica en el sector, ya que las pequeñas empresas no tendrían capacidad de enfrentar mayores exigencias.
Frente a las críticas, Juan Pablo Letelier (PS), quien participó del acuerdo de Obras Públicas, indica que el cambio es necesario pues “quedó en evidencia que el mecanismo que la ley contempla hasta ahora es ineficaz y permite que el Estado quede cautivo de decisiones que atentan contra los intereses de todos los chilenos. Lo vimos con las cárceles concesionadas y en otras situaciones”.
Agregó que “lo ideal es que nunca exista una controversia y el mecanismo que se acordó, podrá ser perfeccionado. Es evidente que la industria se oponga, porque está defendiendo sus intereses y no el interés público. Pero la ley lo que tiene que hacer en esta materia, es ser lo más ecuánime posible, y cuando se trata de situaciones de conflictos, asegurar un mecanismo que sea justo y donde se resguarde el patrimonio estatal” dijo. Por ello, a juicio del legislador, ese sistema es fallar de acuerdo a derecho.
Consultado por la opinión de abogados, que más que realizar cambios procesales en la resolución de conflictos, es necesario mejorar las definiciones de ingeniería por parte del MOP, para eliminar las contingencias constructivas, Letelier afirmó que “podríamos avanzar hacia un mecanismo de concesiones de esa naturaleza, donde los proyectos estén lo más definidos posibles, pero sin que eso termine retrasando los proyectos que se quieran concesionar”, al tiempo que descartó que se vaya a encarecer el sistema.
José García (RN), integrante de la comisión de Hacienda, se manifestó “partidario de la menor discrecionalidad posible por parte del Ejecutivo, porque de manera contraria, muchas veces ocurren fraudes, se paga carísimo por obras complementarias y se presta en definitiva para que se hagan grandes negociados. Por tanto, soy partidario que aún a riesgo de ridigidizar, los árbitros tengan que atenerse a la ley y a las bases de licitación”.